El Programa de Análisis de la Coyuntura de la Sociedad Costarricense, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA), presentó en conferencia de prensa el informe: “El Gobierno de Chaves Robles: Del decreto a una gobernanza limitada: un mensaje duro”, por parte del sociólogo y politólogo, Carlos Carranza, Coordinador del Programa, y de la investigadora y académica, Claudia Palma.
El análisis realizado abarca los últimos cuatro meses del acontecer nacional, se presenta de manera cualitativa, donde se toman en consideración al Gobierno las principales acciones políticas y actores sociales-políticos, para realizarlo se toma en cuenta los mensajes presidenciales, las declaraciones, se realiza un análisis documental y de redes sociales.
Los ejes temáticos presentados en la conferencia abarcaron la configuración de las renuncias, la violencia estructural, las implicaciones en materia de seguridad, la política social, la política exterior, política agropecuaria, política educativa, política económica, infraestructura, decretos y leyes.
En primera instancia el análisis invita a la reflexión y mejora para los próximos tres años de gobierno donde si bien es cierto el tema de infraestructura ha sobresalido en muchas obras, aún no se nivela la brecha. Hay temas aún pendientes de profundizar tales como salud, educación y lo social.
Sobresale como tema fundamental a mejorar la seguridad y como contexto la violencia estructural. De esta violencia estructural ya se ha hablado en otros momentos a través del Programa de Coyuntura, esta tiene que ver con la presencia o ausencia del Estado en suplir las necesidades básicas que una comunidad necesita para salir adelante, y la realidad es que Costa Rica se enfrenta cada vez más a una creciente desigualdad social. Este dato marcado por el Gini, según el Banco Mundial en este momento se encuentra en un 48.7, aunque ha tenido momentos aún más críticos como el 2002 que llegó a un 51.8. Si a este dato sobre la desigualdad se le suma la tasa de desempleo, el panorama se complejiza.
La tipificación de los homicidios acarrea un alto grado de crueldad y están siendo asociados a ajustes de cuentas vinculados con el tráfico de drogas, luchas por territorios y víctimas secundarias de estos procesos.
Por otro lado, también hay que tomar en cuenta los femicidios y una visibilización de la violencia contra infantes en donde están involucrados otros factores. En este sentido, el año 2022 cerró con un total de 19 femicidios y aún faltan otros 19 de clasificar para ese mismo año. En este 2023 se han sumado al menos 17 asesinatos de mujeres sin estar aún clasificados, según datos del Observatorio de la Violencia del Poder Judicial.
Pero, ninguna de las situaciones puede tener una lectura aislada, sino que hay una gran cantidad de elementos socioculturales, políticos y económicos vinculados, todos relacionados con lo que podemos llamar la violencia estructural que se resume en cada una de las acciones que el Estado, como garante de los derechos humanos de la población y la paz social, ha dejado de ejecutar para crear condiciones de vida dignas de la población.
En cuanto al tema de educación se denota una fuerte distancia con las universidades públicas que ha llevado a no aceptar muchos acuerdos en materia educativa. También, el tema de plantear un nuevo programa educativo era posible, pero, la crítica de diferentes sectores, entre ellos diputados y algunos sindicados, en febrero de 2023, indica una ruta consistente, que si bien hay situaciones que pueden replantearse en el camino se requiere definir una trayectoria para lograr fines estratégicos.
Sobre el tema económico, es urgente fortalecer acciones para crear empleo, como actividades con dinamismo económico, ya que las tasas de desempleo siguen siendo muy altas y en crecimiento.
Puede ver la presentación completa y desarrollo de los temas aquí: https://www.youtube.com/watch?v=3QTp9dBjKog
