El exnovio amenazó a la joven con publicar fotos de ella, sin su consentimiento, si no aceptaba retomar la relación que tenía con él. En otro caso, el hombre enviaba fotos de sus partes íntimas al celular de la muchacha, y aunque su perfil en redes sociales fue eliminado, simplemente se creó otro y volvió a sus andanzas.
En ambos casos, hay un común denominador: las víctimas no tenían idea de cómo denunciar, a quién acudir o cómo defenderse. Ese vacío de acompañamiento es un ejemplo más de la falta de la acción del Estado costarricense para erradicar la violencia digital que día a día sufren muchas mujeres.
Esta fue una de las conclusiones del encuentro virtual Violencia de género digital que se llevó a cabo el 29 de mayo y que fue organizado por el Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional (UNA).
La conferencia inaugural estuvo a cargo de Larissa Arroyo, especialista en temas de género y derechos humanos, mientras que la charla de cierre la realizó Jessica Matus, abogada y experta en derecho y tecnologías.
Durante el encuentro hubo consenso en un aspecto fundamental: no existe diferencia entre el mundo físico y el mundo virtual en cuanto a violencia de género. Incluso, Arroyo fue más allá, al afirmar que “el verdadero acceso a la igualdad de género no puede existir si no nos aseguramos que ese universo digital esté libre de violencia, prejuicios y estereotipos”.
Para que ese panorama ideal se convierta en una realidad, los expertos acusaron a la falta de visión del Estado costarricense, como una de las causas de la persistencia de este fenómeno de violencia.
Una de las falencias que más se resaltó es la ausencia de datos para determinar la magnitud del problema y, sobre todo, para determinar la ruta a seguir. En tiempos de una revolución tecnológica que avanza, esa carencia se vuelve trascendente al momento de plantear soluciones que sean efectivas.
Entonces, los memes, las imágenes modificadas, los bloqueos intencionales de perfiles cuando una mujer desea expresar una opinión, los envíos de audios amenazantes o extorsivos, los robos de identidad y el uso de lenguaje soez, entre otro tipo de comportamientos digitales, se han normalizado en las relaciones sociales que ocurren en el entorno digital.
Invisibilizado
Ante esta situación, el encuentro concluyó que el papel que ha fungido el Estado costarricense hasta ahora es el de invisibilizar el problema.
Frente a ello, los expertos consideran que se debe dar atención a las causas estructurales que fomentan la violencia virtual, que incluye por ejemplo a las redes sociales. También, se debe atender a las víctimas (para que se sepan cómo denunciar, como se indicó en los ejemplos anteriores), identificar a los actores claves en el proceso de prevención y denuncia, y fortalecer la educación desde edades tempranas.
En su presentación, Larissa Arroyo, apuntó que también se deberían evaluar y monitorear los mecanismos que ya existen, ahondar más sobre los conocimientos relativos a seguridad digital que cierre la llave a los mecanismos de agresión y promover una revolución ética centrada en el respeto de la dignidad humana.
De acuerdo con datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) incluidos en un informe de 2023 sobre los discursos de odio, solo en ese año se identificaron 1.405.668 conversaciones que incluyen un lenguaje discriminatorio, lo que representa un incremento de un 50% con respecto al año previo.
Al desagregar las estadísticas se determina que los temas de género ocupan el tercer lugar en las conversaciones discriminatorias (con un incremento anual del 72%), solo superado por los debates relacionados con la política o comentarios que fomentan la xenofobia.
Las ofensas y los insultos son una de las manifestaciones de la violencia digital. Sin embargo, en este entorno, se presentan otro tipo de delitos que son contabilizados por el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, adscrito al Poder Judicial.
Uno de ellos se refiere a “seducción o encuentros con menores por medios electrónicos”. En el 2022 se presentaron 131 delitos denunciados por esta causa, de los cuales, 108 las personas ofendidas fueron mujeres, mientras que 23 son hombres.
Esa tendencia, en la que las mujeres resultan ser las principales ofendidas y los hombres los ofensores, se extrapola al considerar todos los tipos de delitos sexuales ingresados al Ministerio Público en ese mismo año. En un 87% de los casos, ellas son consideradas como ofendidas, mientras que en el 94% son ellos los que destacan como lo imputados.
La necesidad de impulsar cambios en la legislación es un factor que los especialistas resaltaron para avanzar en la dirección adecuada. En ese sentido, Lana Belber, abogada del departamento del Ministerio de Justicia de Canadá, destacó la colaboración que han tenido con el Poder Legislativo para construir el proyecto de Ley contra el acoso predatorio (expediente 23.325), el cual fue aprobado en segundo debate el 29 de abril pasado. También, indicaron la importancia de la Ley 9.877 contra el acoso sexual callejero, vigente desde agosto de 2020.
Durante el encuentro virtual se llevaron a cabo, además, dos paneles con expertos del IEM, de la Fundación Paniamor, del Ministerio de Educación Pública, de la Oficina de Género del Poder Judicial, del Departamento de Violencia de Género del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Asociación Centro Ciudadano de Estudios para una Sociedad Abierta y de la Cooperativa Sulá Batsú.
La directora del IEM, Fannella Giusti, y el vicerrector de Investigación de la UNA, Jorge Herrera, hicieron respectivos llamados a que este tipo de foros generen una mayor conciencia para evitar que el avance de la tecnología se convierta en un mecanismo de sometimiento que vaya en contra de los derechos de las mujeres.
