Expertos coinciden en que deterioro de la calidad de vida tardará años en recuperarse.
“¡Salga, es la policía!” … “Esta mañana se encontró el cuerpo de un joven, padre de familia, asesinado por ajuste de cuentas” … “Según el INEC, en 2023 se registró un aumento del 142% en la cantidad de adolescentes de entre 15 y 17 años fuera del sistema educativo”. Al encender el televisor o abrir redes sociales, estas son las noticias que despiertan a los costarricenses.
La información constante sobre la descomposición social que enfrenta el país insensibiliza a la población ante la inseguridad ciudadana, la crisis de la educación y del seguro social. Al parecer, los ticos se acostumbran a vivir en una nueva Costa Rica, donde la prioridad del presupuesto nacional no son los escolares y ni sus familias, si no el pago de la deuda externa.
Leiner Vargas, economistas del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA), explicó en el programa de televisión UNA Mirada, que al recortar la inversión social y priorizar el pago de la deuda, se provoca un retroceso social muy importante que conlleva consecuencias negativas para la población en el corto y mediano plazo, lo cual impacta a toda la población.
El académico indicó que la apuesta del gobierno por reducir la deuda financiera de hoy, a partir de crear una mayor deuda social a mediano y largo plazo es una estrategia poco inteligente. “Hay otras formas de mejorar la situación fiscal, como cobrar adecuadamente los impuestos, evitar la elusión y la evasión fiscal”, sostuvo Vargas.
Ante esta situación, y en el marco del II Informe de Proyecciones Macroeconómicas 2024 y Estado Actual del Gasto Social en Costa Rica, del Cinpe, se abrió el debate sobre este tema, junto a Marco Otoya, director e investigador del Cinpe, y Paulina Ramírez, diputada de la República por el Partido Liberación Nacional y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
La inversión social es la asignación de recursos financieros y no financieros para solucionar problemas sociales, ambientales o económicos. Así el Estado costarricense invierte en programas para atender grupos vulnerables o aquellos que promueven la inserción de la población a los sistemas; por ejemplo, educación, seguridad social y salud.
El II Informe Proyecciones Macroeconómicas reveló que, en 2020, el gasto público social como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) fue de un 24.2%, para el 2021 sufrió una reducción hasta llegar al 23.4% y en el 2022, bajó aún más (21.2%). “En el estudio que hicimos el año pasado notábamos que el gasto en inversión social está similar a los niveles que teníamos en el 2010; como porcentaje del PIB anda en alrededor de un 21%. Ese es casi el mismo monto que tuvimos a inicios de la década pasada”, aseguró.
“Quiero hacer una observación: este gobierno, al tener una política muy fiscalista, por cumplir con esos indicadores, está abandonando ese contrato social que hemos tenido históricamente”, advirtió Ramírez.
Urge un balance
La legisladora lamentó los altos índices de criminalidad, narcotráfico y crimen organizado, y el debilitamiento de la inversión en educación para que los jóvenes, niños y niñas tengan más oportunidades. “Si no hacemos un equilibrio entre lo fiscal y lo social, el país se nos va a salir de las manos”, señaló Ramírez.
Desde su experiencia en la Comisión de Asuntos Hacendarios, la diputada detalló que el gobierno aceleró el cumplimiento de indicadores. El Fondo Monetario estableció metas para dos o tres años, las cuales, según Ramírez, ya se están cumpliendo. Eso conlleva una buena calificación internacional, pero el país lo paga con la disminución en el gasto social. “Los que más lo van a sufrir son las personas más vulnerables, y nos puede llevar a una descomposición social”, comentó.
El economista Vargas apoya la postura de Ramírez y califica la decisión del Ministerio de Hacienda y la presidencia de la República como un disparo en el pie. “En materia de inversión social no se vale apostar a medias, porque si un niño se sale de la escuela o del colegio, si una persona cae en una situación de exclusión social y es presa de la criminalidad, es imposible recuperarlo; más bien, se convierten en costos para la sociedad”, previno. Según indicadores, una persona privada de libertad le cuesta más al país que una beca estudiantil.
Natalia Morales, investigadora del Programa Estado de la Nación, comentó que en los últimos tres años el sector de educación ha sido el más afectado con los recortes en inversión social y esto tiene consecuencias en todos los niveles, desde la primaria hasta la educación universitaria.
La investigadora explicó que además de la inversión social, los hogares obtienen ingresos a través del mercado de trabajo, y este tampoco genera suficientes oportunidades, por lo que es indispensable complementar los ingresos con el apoyo que obtienen de los programas sociales del estado, como becas y subsidios, rubros de la inversión social afectados por los recortes.
El informe del Cinpe reveló que en los dos últimos años (2022 y 2023) se comprobó una caída significativa del financiamiento de los programas relacionados con la protección social pública, que el año anterior representó el 14.50% del PIB, el más bajo desde 2015. Así, Costa Rica se ubica muy por debajo de la recomendación que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la cual establece que la inversión debería ser de al menos el 22.6% del PIB.
Pérdida de competitividad
Los especialistas coinciden en que el deterioro en inversión social y el incremento de la delincuencia y la inseguridad impactan directamente la competitividad del país. Otoya ejemplificó que al convertirse el país en un destino peligroso, los empresarios deben invertir en seguridad y esto incrementa los costos de los servicios. Además, la llegada de visitantes extranjeros puede decaer.
Aseguran que la inversión en educación es motor de movilidad social y formación de mano de obra capacitada, base para la competitividad y el cierre de brechas. “Urge una política pública de educación para sacarnos del estancamiento en el que estamos, al igual que en salud y en seguridad ciudadana, sin descuidar la reactivación económica interna de la economía local” concluyó Otoya.
