En el acceso a educación, justicia, trabajo, salud y seguridad física y personal prevalece la sensación de que existe un irrespeto a los derechos de las mujeres que presentan alguna condición de discapacidad.
El tema fue discutido en un conversatorio sobre la situación de las mujeres con discapacidad en Costa Rica, a cargo del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA). Durante el encuentro virtual se presentaron los resultados del Informe Alternativo de la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad (Alamud), dado a conocer en febrero de este año.
Este informe muestra una aproximación más detallada sobre el cumplimiento del Estado costarricense en esta materia y sus consideraciones se entregaron al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Por medio de una consulta realizada a 167 mujeres con discapacidad y madres de todas las provincias del país, a través de encuestas y grupos focales, se determinó la situación actual del país en cada una de las áreas indicadas.
Resultados reveladores
De acuerdo con el informe alternativo, el 17,6% del total de mujeres en el país presentan alguna condición de discapacidad.
Sobre situaciones de violencia que les ha correspondido enfrentar, el reporte indica que un 31,1% de las mujeres con discapacidad han sufrido maltrato físico, mientras que otro 20% han sido víctimas de violencia sexual.
Sin embargo, el ámbito de vulneración de derechos tiene otras ramificaciones, como es el caso, por ejemplo, del trabajo remunerado. Mientras que el salario de una persona con discapacidad es un 11% más bajo con respecto al promedio general, este disminuye hasta un 23% cuando se trata de mujeres.
Para un 35,2% de las encuestadas, “casi nada” fue el calificativo que otorgaron a la consulta de si en Costa Rica ellas pueden trabajar en igualdad de condiciones y sin discriminación.
Por otra parte, un 62,3% de ellas indican que sus condiciones de salud son catalogadas como regulares o malas. “Una muestra de ello es que en Costa Rica no contamos con consultorios ginecológicos accesibles, no tenemos mamógrafos y si hay, están en la atención privada; la posibilidad de hacerse una citología se concentra en la Gran Área Metropolitana (GAM), por lo que tenemos una tasa de diagnósticos tardíos en enfermedades oncológicas en mujeres con discapacidad”, manifestó la abogada Ericka Álvarez, representante de Alamud.
Al valorar las denuncias, se establece que, de un total de casos por violaciones de derechos de personas con discapacidad, que tramitó la Defensoría de los Habitantes, la mayoría (215), fue presentada por mujeres.
La encuesta consultó si creía que las mujeres y niñas con discapacidad recibían una educación inclusiva y de calidad, ante lo cual, un 36,8% manifestó que “casi ninguna”, un 29,6% la catalogó con un “más o menos” y un 15,2% afirmó que “ninguna”.
Deberes
Con base en la información recabada, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad realizó una serie de observaciones y recomendaciones al Estado costarricense en esta materia.
Particularmente, indica que se deben establecer mecanismos para combatir la discriminación de mujeres y niñas con esta condición y mejorar la obtención de datos “exhaustivos y desglosados” sobre violencia contra mujeres y niñas con discapacidad.
Se deben facilitar además los espacios para que niños y niñas expresen opiniones y necesidades y que estas se reflejen mediante leyes, políticas públicas y programas gubernamentales. En el tema de accesibilidad, se insta a dirigir recursos financieros para la reparación de aceras en mal estado y disponer de transporte accesible, principalmente en regiones fuera de la GAM.
“El Comité procura que se eliminen las barreras de acceso a la justicia, informar acerca de los recursos con la que esta población cuenta para interponer denuncias, donde se pueda garantizar lenguaje de señas, acceso a edificios administrativos y que las decisiones administrativas o judiciales se brinden en formatos accesibles”, reforzó la abogada Mildred Campos, del Alamud y expositora también del conversatorio.
En el campo de la salud, se determinó que debe garantizarse que ninguna persona con discapacidad sea sometida a torturas o tratos crueles, incluidos los tratamientos médicos, sin consentimiento libre e informado, sobre todo en procedimientos de esterilización y abortos forzados.
En medio de este panorama, el Comité también reconoce avances del país, que incluyen la promulgación de decretos ejecutivos y de leyes en favor de esta población, entre ellas, la Ley 9.039 que establece el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) o la adopción, en el 2014, de la Política Integral de Recursos Humanos: gestión, empleo y salarios para la población con discapacidad que ofrece sus servicios al régimen del Servicio Civil.
El próximo informe periódico que el Estado costarricense debe presentar para detallar los avances será dentro de seis años, explicó Campos. “Nos queda un plazo para que el país responda a todas estas recomendaciones y se espera que se presente, a más tardar, el 1º de noviembre de 2030”, agregó.
El conversatorio estuvo moderado por la abogada Larissa Arroyo, académica del IEM. “Desde la academia podemos hacer un aporte hacia el avance de acciones afirmativas, con investigación sobre mujeres con discapacidad, el seguimiento a las recomendaciones, capacitación en derechos humanos de mujeres con discapacidad. La agenda es muy grande y hay responsabilidades que no se están cumpliendo, pero que no se pueden evadir. El objetivo es que nadie se quede atrás”, reforzó.
