UNA Comunica - Vehemente llamado a mantener presupuesto justo para cultura y educación

Cidea-UNA repudia todo intento por imponer una política represiva, que, bajo el pretexto de proteger a la ciudadanía de la violencia y el crimen, deteriore los servicios públicos de educación y la cultura en detrimento de la democracia.

El Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística de la Universidad Nacional (Cidea-UNA), y sus Unidades Académicas, emitieron este 17 de mayo un pronunciamiento ante el desmantelamiento sistemático del sector cultural del país.

Ante la propuesta del Poder Ejecutivo de restar cuatro mil millones de colones al presupuesto del Ministerio de Cultura para el 2024, académicos y artistas enumeran las afectaciones a programas específicos, talleres, fundaciones y fondos concursables para la producción artística.

Anuncian el recorte de empleos para el sector e inestabilidad laboral. Además afirman,“sin recursos para la educación y la cultura, nuestra juventud está condenada a la exclusión social, a la informalidad, la marginalidad y al desempleo; sin cultura y educación no hay política ni acción represiva que pueda impedir que nuestra juventud termine ingresando al crimen organizado”.

Pronunciamiento del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística de la Universidad Nacional (Cidea-UNA) y de sus respectivas unidades académicas, ante el desmantelamiento sistemático del sector cultural del país.

Resultando:

Al iniciarse el ejercicio de presupuestación para el año próximo, el Poder Ejecutivo propone el desfinanciamiento de todo el sector cultura, restando cuatro mil millones de colones al presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud – MCJ, para el año fiscal 2024, reiterando y ampliando la decisión ya manifestada el año anterior, cuando propuso disminuir el presupuesto del sector cultura en mil millones de colones.
El recorte presupuestario propuesto para el sector cultural afecta directamente a la Benemérita Orquesta Sinfónica Nacional, a las compañías y talleres de teatro y danza; a los museos y teatros públicos (Incluido el Teatro Nacional y al Teatro Popular Mélico Salazar), al Instituto Nacional de la Música (Programa Juvenil de la Orquesta Sinfónica Nacional), a las Fundaciones del Museo de los Niños y del Parque La Libertad; a los fondos concursables para producción artística y a todos los proyectos de gestión, producción y enseñanza de las artes auspiciados por el
De concretarse el recorte presupuestario anunciado, se quedarían sin empleo las personas docentes de arte que hacen extensión en los teatros, compañías y en los proyectos de extensión cultural del MCJ en todo el país, con un doble impacto social por la pérdida de empleos, y por el cierre de programas de enseñanza y producción artística que llegan gratuitamente a personas de muy escasos recursos económicos en todo el país.
Lo anterior ha generado una gran inestabilidad e incertidumbre laboral entre las personas trabajadoras de todos los programas adscritos al Ministerio de Cultura, en especial la Orquesta Sinfónica Nacional, teatros, museos y compañías artísticas estatales.
Ante la advertencia responsable y seria de destacados profesionales que ocupaban cargos de dirección y jefatura en diferentes instancias del MCJ, sobre el impacto que tal reducción de recursos presupuestarios causará en el sector cultural del país, la ministra de cultura procedió a destituir al director general del Archivo Nacional, al director del Centro de Producción Artística y Cultural (CPAC), a la directora del Centro Nacional de Música, y a la encargada de la Dirección de Gestión Sociocultural del MCJ.
Paralelamente a estos hechos, se presentó a la corriente legislativa el Proyecto de Ley “Alivio de costos para los establecimientos comerciales” (expediente 702), que pretende eliminar la protección que otorga la Ley de Derechos de Autor y Conexos vigente en nuestro país a los autores, compositores en lo concerniente a la difusión pública de registros sonoros y producción musical, con lo cual se eliminan también los ingresos que aporta el sector privado a las personas artistas, como contraprestación por utilizar sus producciones en los centros comerciales y negocios privados.

Se suma a lo anterior, la falta de compromiso del Gobierno con la revisión de la Política Nacional de Derechos Culturales 2014-2023, y en general, la falta de priorización de las acciones y de política pública cultural.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Hacienda, han redireccionado partidas del presupuesto de educación 2023, por 200 millones de colones al Plan Costa Rica Segura Plus del Ministerio de Seguridad Pública, de los cuales 1900 millones de colones corresponden a becas estudiantiles.

Considerando:

La UNIVERSIDAD NACIONAL y en específico sus unidades académicas dedicadas a la investigación y enseñanza de las artes, tienen el compromiso de apoyar la preservación de los bienes culturales de la Nación, de fortalecer una cultura nacional pertinente y sustentable, democrática, facilitadora de la integración Compromiso que desarrollan mediante sus programas académicos, de producción y de extensión artística y poniendo al servicio del país, profesionales de todas las áreas artísticas que fomentan la cultura como un bien inmaterial y aportan con su creatividad a la producción, el turismo y a la economía nacional.
Esta acción docente, de investigación y extensión universitaria en el campo de la enseñanza y producción de las artes, se realiza desde la UNA, en estrecha colaboración con el Ministerio de Educación Pública, ente rector de la educación nacional, y en especial coordinación con el Ministerio de Cultura y Juventud, ente rector en materia cultural, responsable de promover las políticas públicas generales en materia de cultura y juventud, con el fin de fomentar y preservar la pluralidad y la diversidad cultural y de facilitar la participación de todos los sectores sociales, en los procesos de desarrollo cultural, artístico y recreativo, sin distingo de género, grupo étnico y ubicación geográfica, a través de la apertura de espacios y oportunidades que propicien la revitalización de las tradiciones y la diversidad cultural, así como la creación y apreciación artística en sus diversas manifestaciones (Ley N° Ley N° 4788 del 5 de julio de 1971).
El CIDEA-UNA asume este compromiso con el arte y la cultura, también desde el mandato de los artículos números uno y ochenta y nueve de la Constitución Política, que definen a Costa Rica como una República pluricultural, entre cuyos fines culturales está conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación.
Lo anterior nos faculta para hacer un vehemente llamado de atención a las autoridades de Gobierno y a la población en general, sobre el peligroso giro en las políticas culturales y educativas del país. Sorprende que se desconozca el papel de la educación y la cultura en la preservación de los valores nacionales, en particular del trabajo, la democracia y la
Quitar fondos de educación y cultura para fortalecer programas de seguridad ciudadana o priorizar las políticas de seguridad en detrimento de la educación y cultura, nos avisa de la entrada de un nuevo paradigma que modifica radicalmente nuestra tradición política y parece insertarnos en la dinámica de un Estado que pretende garantizar la paz social aumentando la represión a costa de debilitar la educación y la
La sola idea de que podamos ingresar en la nómina de Estados que en afán de seguridad abandonaron sus responsabilidades con la democracia, nos obliga a reaccionar, recordando que es por la educación y la cultura que nuestro país alcanzó la paz social que nos caracteriza y distingue como una potencia democrática a nivel internacional.
Sin recursos para la educación y la cultura, nuestra juventud está condenada a la exclusión social, a la informalidad, la marginalidad y al desempleo; sin cultura y educación no hay política ni acción represiva que pueda impedir que nuestra juventud termine ingresando al crimen organizado.

Por lo tanto:

El Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística de la Universidad Nacional – CIDEA, y sus Unidades Académicas (Escuela de Música / Escuela de Arte Escénico / Escuela de Arte y Comunicación Visual / Escuela de Danza), manifestamos al Gobierno de la República, a la Asamblea Legislativa, a la Defensoría de los Habitantes y al país:

NUESTRO RENOVADO COMPROMISO CON LA SOCIEDAD, CON EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA Y CON LOS MINISTERIOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DE LA NACIÓN.
LA MÁS ENÉRGICA DEMANDA AL PODER EJECUTIVO, PARA QUE MANTENGA EL FINANCIAMIENTO JUSTO Y NECESARIO EN EL PRESUPUESTO NACIONAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DE SUS PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN Y EXTENSIÓN ARTÍSTICA; ASÍ COMO PARA QUE NO SE TRASLADEN LOS FONDOS DESTINADOS A FINANCIAR BECAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA.
NUESTRA SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA CULTURA EN EL SECTOR PÚBLICOS Y PRIVADOS Y CON LAS PERSONAS PROFESIONALES EN ARTES DEDICADOS A LA ENSEÑANZA ARTÍSTICA, CUYOS EMPLEOS DEBEN PRESERVARSE.
UNA VOZ DE ALIENTO A LAS PERSONAS ESTUDIANTES DE LAS DISTINTAS RAMAS ARTÍSTICAS, PARA QUE NO PIERDAN EL INTERÉS NI LA VOCACIÓN QUE LES CONVOCÓ A FORMARSE COMO ARTISTAS Y PARA QUE SIGAN TRABAJANDO POR EL FORTALECIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN.
NUESTRO REPUDIO A TODO INTENTO POR IMPONER UNA POLÍTICA REPRESIVA, QUE BAJO EL PRETEXTO DE PROTEGER A LA CIUDADANÍA DE LA VIOLENCIA Y EL CRIMEN, DETERIORE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN Y LA CULTURA EN DETRIMENTO DE LA DEMOCRACIA.
AL PODER EJECUTIVO, CONCRETAR EL DISEÑO Y LA IMPLEMENTACIÓN PRIORIZADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA CULTURAL Y EDUCATIVA, CONSTRUIDAS EN CONSULTAS CON LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD INVOLUCRADOS Y UTILIZANDO EL CONOCIMIENTO Y LA EXPERIENCIA ACUMULADA, PARA QUE NO SEAN SIMPLES ENUNCIADOS RETÓRICOS O IMPROVISACIONES SIN VIABILIDAD TÉCNICA, FINANCIERA Y OPERATIVA.
NUESTRO LLAMADO A LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES, Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA QUE SEAN GARANTES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTATALES, PRINCIPALMENTE PRESUPUESTARIAS CON EL SECTOR CULTURA Y CON LOS SERVICIOS EDUCATIVOS; Y PARA QUE NO SE APRUEBAN POLÍTICAS Y LEYES QUE LESIONEN LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS PROFESIONALES DE LA CULTURA, NI SE ATENTE CONTRA SU DERECHO Al TRABAJO.
NUESTRA VOZ DE ALERTA A LA CIUDADANÍA, PARA QUE ESTÉ ATENTA E INFORMADA SOBRE LOS RIESGOS POLÍTICOS Y SOCIALES QUE ENTRAÑA, DESFINANCIAR LOS SERVICIOS Y EDUCATIVOS PÚBLICOS.