“Yo me atrevo a decir que toda la infraestructura que hoy tiene isla Venado, la Universidad Nacional (UNA) ha tenido mucho que ver. Todo lo que se ve aquí es parte de lo que la UNA nos enseñó a gestionar, a convocar a ministros, al alcalde y hoy estamos recogiendo los frutos de ese esfuerzo”.
Micrófono en mano, estas son las palabras de Roberto Bolívar, productor de verduras y hortalizas de esta isla del golfo de Nicoya, quien expuso acerca de los beneficios de uno de los proyectos de extensión más ambiciosos que maneja la UNA por medio de la implementación de los Modelos de Desarrollo Territorial.
Hablar de extensión es conectar el alma de la Universidad en el corazón de las propias comunidades, para propiciar su desarrollo.
Ocurre no solo en isla Venado, sino en muchas otras comunidades rurales, costeras y fronterizas del país, donde el brazo del desarrollo no se extiende, y donde la escasez de oportunidades y de inversión social suele pasar una factura cara a sus habitantes. Allí es donde llegan las universidades públicas, como en el caso de la UNA.
Isla Venado es ejemplo de ello. Es un territorio con una composición de un 95% de bosque tropical seco. A esa riqueza ecológica, se suman proyectos de inversión en materia de vivienda, carreteras y disponibilidad de servicios públicos esenciales, actividades productivas como la venta y comercialización de ostras, que generan empleo y actividades que incentivan el turismo rural, gestionados desde la UNA.
También, se implementan Módulos de Sistemas de Captación y Potabilización de Agua Llovida (Nimbú), programas productivos relacionados con el uso del bambú, la construcción de biojardineras, los emprendimientos relacionados con la maricultura, así como proyectos de compostaje y de manejo agroecológico de las abejas melíferas.
Este tipo de iniciativas se despliegan frente a un entorno donde la desigualdad económica y social entre regiones se hace cada vez más notoria. El Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 2022 del Programa de Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD) destaca que las comunidades rurales y costeras en Guanacaste, Puntarenas y Limón, presentan un Índice de Desarrollo Humano (IDH) más bajo que el promedio cantonal.
Fuerte presencia
Actualmente, el conjunto de las universidades públicas del país ejecuta 1.418 proyectos de extensión y acción social que se vinculan con el sector productivo y que atienden necesidades de regiones fuera de la Gran Área Metropolitana.
La concreción de estos planes estratégicos es posible con la inversión de recursos que realizan estas instituciones por medio del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
En el caso de la UNA, esa labor se establece por medio de cuatro iniciativas: el Fondo Universitario para el Desarrollo Regional (Funder), la Línea Estratégica de Regionalización, los Fondos de Sistema de Extensión y Acción Social y los Modelos de Desarrollo Territorial.
En total, durante el 2023 se ejecutaron 59 proyectos para una inversión de 533.412.259 colones. Tanto la cantidad de iniciativas como los montos invertidos han venido en crecimiento año con año, reflejo del impacto que tienen en el desarrollo de las comunidades donde se llevan a cabo.
Regiones como la Chorotega, la Huetar Caribe y Norte, el Pacífico Central y la Brunca se ven beneficiados con estos fondos. Permite que, por ejemplo, proyectos como los de revitalización de las lenguas en desplazamiento que la UNA realiza por medio del Programa de Lingüística Centroamericana (Prolinca) de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, puedan recuperar la información y los saberes del pueblo indígena Guaymí.
En el caso de los proyectos Funder, Gabriela Gamboa, asesora académica de la Vicerrectoría de Extensión, explicó que se trata de iniciativas propuestas por las propias sedes regionales de la universidad hacia las comunidades, de manera que se vinculen con las áreas sustantivas de la UNA, bajo un trabajo multi, inter e intradisciplinario.
Por su parte, los Modelos de Desarrollo Territorial buscan establecer una trazabilidad para que puedan replicarse en otras regiones del país. “La contribución de la UNA es lograr la transformación social en las comunidades y eso pasa por tener iniciativas que se concretan a través de estos modelos, con apoyo de la institucionalidad pública y el conocimiento que aportamos las universidades”, explicó Martín Parada, vicerrector de Extensión.
Están vigentes actualmente 28 Modelos de Desarrollo Territorial que vinculan hasta 14 instancias académicas de la UNA y que atienden necesidades en las áreas socioproductivas, ambiente y cambio climático, recurso marino costero, educación, arte y cultura, tecnologías e innovación, salud humana y recurso hídrico.
Ejemplos de ellos son el Modelo Invernaderos en Bambú en la Huerta Universitaria Sostenible del campus Liberia, la Escuela de Música Infantil en Sarapiquí, el prototipado de producción de semilla de maíz para productores de Pejibaye de Pérez Zeledón o los procesos de innovación de productos agroalimentarios, como es el caso del cacao en Guatuso, Upala y Los Chiles.
Los otros dos fondos, la Línea Estratégica de Regionalización y los Fondos de Sistema de Extensión y Acción Social tienen la característica de que se implementan desde las universidades públicas por medio del Consejo Nacional de Rectores (Conare). En el caso de los primeros, son priorizados por los vicerrectores de Extensión y Acción Social, mientras que los segundos, proviene directamente desde las rectorías.
En el caso de los Fondos del Sistema, para este 2024 se dará énfasis a iniciativas de la región Huetar Caribe. La UNA tiene participación, por ejemplo, en el proyecto de formación de capital humano para la empleabilidad, el de fortalecimiento del arte y la cultura en la región Brunca y el de reactivación económica del recién creado cantón de Puerto Jiménez, de acuerdo con información proporcionada por Leidy Jiménez, coordinadora del área de Gestión Académica de los Programas, Proyectos y Actividades Académicas (PPAA) de extensión.
En el caso de la Línea Estratégica de Regionalización, Gabriela Gamboa detalló que son proyectos que se alimentan de los trabajos previos de consulta que se hacen a las comunidades sobre las principales necesidades y demandas que enfrentan. “Se ejecutan, en el caso de la UNA, en uno o dos años, con una influencia directa en procesos de regionalización en sitios donde existen condiciones de vulnerabilidad social identificados”, destacó.
Para Francisco González, rector de la UNA, estos esfuerzos “resaltan el compromiso de las universidades públicas con los territorios y las comunidades, así como con los sectores productivos, sociales y de promoción artística y cultural del país. Es el desarrollo humano y sostenible lo que orienta a la extensión universitaria con la clara convicción de contribuir al progreso nacional”, enfatizó.
