Esta tarde el Consejo Universitario de la Universidad Nacional (C.U-UNA) presentó un pronunciamiento en el que manifiesta su preocupación ante la ausencia de espacios de diálogo por parte del Poder Ejecutivo para la negociación del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior (FEES) 2023, derivada de la convocatoria a la Comisión de Enlace.
Dicho pronunciamiento firmado por la Jannette Valverde, presidenta del C.U-UNA fue dirigido a la dirección de la Oficina de Planificación de la Educación Superior del Consejo Nacional de Rectores (OPES-Conare), así como a toda la comunidad universitaria.
En el fondo, los consejales plantean que esa ausencia de diálogo necesario para convocar a la Comisión de Enlace, encargada de la negociación del FEES 2023, representa una coyuntura de incertidumbre y riesgo que limita de forma significativa el poder establecer una planificación operativa anual para garantizar la sostenibilidad del accionar sustantivo de cada institución de educación superior estatal, así como la facilidad de abordar una agenda conjunta que renueve las responsabilidades por atender con prioridad.
De esa forma, se podrá contribuir -de manera eficaz y eficiente- con los grandes retos que enfrenta el pueblo costarricense en materia de inclusión de oportunidades educativas y el fortalecimiento del Estado social de Derecho, como garante del acceso igualitario y equitativo de la asignación de los recursos públicos para tal fin.
A continuación el acuerdo completo:
TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO UNA-SCU-ACUE-174-2022
21 de julio de 2022
M.Sc. Eduardo Sibaja Arias
Director de OPES
Consejo Nacional de Rectores
Señores
Comunidad Universitaria
Estimados señores:
Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, según el artículo 4, inciso 4.3 de la sesión ordinaria celebrada el 21 de julio de 2022, acta no 39-2022, que dice:
PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO SOBRE LA NEGOCIACIÓN DEL FONDO ESPECIAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (FEES) 2023 CON EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA.
La Constitución Política de Costa Rica, en sus artículos 78, 84 y 85, garantiza el financiamiento de la educación superior universitaria estatal, así como sus rentas y patrimonio propio, al establecer que se destinan al Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior (FEES) y no podrán ser abolidas ni disminuidas.
La educación superior universitaria en Costa Rica constituye un instrumento esencial para conservar y promover la investigación científica y tecnológica, así como la formación integral en áreas estratégicas, pues cultiva las artes y las letras en su máxima expresión; además analiza y plantea con objetividad y conocimiento la realidad social, cultural, política, ambiental y económica de nuestro país y el mundo, es una impulsora de ideas y acciones para alcanzar el desarrollo en todos los niveles; por tanto, propone soluciones a los grandes problemas que limitan alcanzar el bienestar social a toda la población.
Sin duda alguna la movilidad, la cohesión social y el enriquecimiento de la identidad cultural del país resguardan los valores costarricenses fundamentales, objetivos del sistema de educación superior estatal, que se promueven de forma constante en sus distintas iniciativas académicas, para aportar directamente al desarrollo y el crecimiento económico, sanitario, ambiental y social, de tal forma que se solventen las serias limitaciones que el país viene enfrentando, tanto estructurales como coyunturales, consecuencia de la pandemia generada por el coronavirus SARS-CoV-2 y la inestabilidad de las principales variables macroeconómicas internacionales.
Conscientes de la situación país y las serias limitaciones que el presupuesto público ha venido experimentando producto de las consecuencias provocadas por el coronavirus y los efectos de la inestabilidad geopolítica y económica internacional, las instituciones de educación superior universitaria estatal han aplicado medidas internas de contención y recortes -sin precedentes- en sus gastos operativos; pero han mantenido como eje fundamental el aumento significativo y sostenible de ayudas y becas a estudiantes, especialmente provenientes de zonas fuera de la gran área metropolitana, y han realizado importantes esfuerzos para el fortalecimiento de programas, proyectos y actividades académicas de regionalización cuyo sostenimiento se considera igualmente estratégico para promover el más adecuado reparto de la riqueza en las diferentes regiones del país.
Los esfuerzos que el sistema estatal debe atender, en virtud al panorama nacional e internacional, ha representado para las universidades públicas la postergación de inversiones de capital que se tenían proyectadas del 2020 al 2022, en respuesta a la crítica situación presupuestaria que enfrenta el país; ahora bien, con sostenimiento de su oferta académica y servicios estudiantiles, el aseguramiento de la calidad y la excelencia académica de sus programas, proyectos, actividades académicas y de vinculación con los sectores sociales, de salud, empresariales y productivos; esto constituye una inversión estratégica para Costa Rica, pues es una de las medidas socioeconómicas más efectivas para generar acciones contracíclicas ante los claros signos de depresión económica que enfrentamos como país y la posible recesión de la economía mundial.
El trabajo coordinado de mantener las universidades públicas con los objetivos de desarrollo sostenible y las líneas estratégicas que el Gobierno de la República direcciona hacia el bienestar social, sin duda representan la voluntad de fortalecer los mecanismos recíprocos de cooperación, en el marco de las necesidades del desarrollo nacional, de la misión y las prioridades establecidas por las universidades en el Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal (Planes 2021-2025).
La ejecución de proyectos conjuntos definidos en una agenda de cooperación entre las instituciones de educación superior universitaria estatal, el Gobierno de la República y el sector privado, sin duda alguna potencia la eficiencia, la optimiza los recursos públicos destinados a la atención de las necesidades de desarrollo nacional y de la población más vulnerable del país; así como el bienestar social y el fortalecimiento de la institucionalidad pública, propia de un Estado de derecho, democrático y social.
Los distintos convenios de financiamiento de la educación superior universitaria estatal establecidos en un marco de una negociación accesible y transparente, han constituido en un instrumento apropiado para dar cumplimiento al financiamiento estipulado en la Constitución, artículo 85, donde ha prevalecido y se ha garantizado la necesidad de mantener la educación universitaria estatal como inversión social prioritaria para el bienestar integral del individuo.
Por lo anterior, reconocemos la educación como fundamento para el aporte y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible(ODS) al 2030, con especial énfasis en lo relacionado con la promoción de la justicia social, la igualdad y una sociedad más inclusiva que asegure la prosperidad, la productividad y la paz; de ahí la importancia de que la comunidad universitaria y la sociedad costarricense estén atentas a que se cumpla uno de los principios constitucionales referentes al derecho a la educación de calidad en igualdad de condiciones y equidad social.
Atentamente,
Dra. Jeannette Valverde Chaves
Presidenta del Consejo Universitario
