El siguiente es un pronunciamiento del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA) ante la reforma del decreto sobre la Agenda 2030 en Costa Rica.
El Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional manifiesta su profunda preocupación ante la entrada en vigencia del decreto ejecutivo N.º 44945-PLAN-RE-MINAE, mediante el cual el Gobierno de la República ha sustituido el marco que regulaba la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en Costa Rica.
Si bien el decreto ejecutivo N.º 44945-PLAN-RE-MINAE fue publicado el pasado 2 de abril, desde el Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA) consideramos imprescindible manifestarnos hoy, porque esta reforma sigue siendo un claro síntoma de las brechas estructurales que enfrentamos en materia de derechos humanos, sostenibilidad, igualdad social y de género. Su contenido y orientación reflejan un cambio normativo e ideológico progresivo que no puede pasar desapercibido ni normalizarse por el paso del tiempo.
Aunque en apariencia se refuerza la sujeción del nuevo decreto al orden constitucional, el análisis técnico revela que esta reforma representa un giro político que altera sustancialmente la gobernanza, contenido y operatividad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el país, así como del cumplimiento en materia de obligaciones de derechos humanos. No se trata de un simple ajuste administrativo, sino que es una reconfiguración del enfoque nacional hacia el desarrollo sostenible, con implicaciones graves para los derechos humanos, la institucionalidad pública y el compromiso multilateral de Costa Rica.
Entre los cambios más preocupantes destacan:
- La actualización de los considerandos I al V, que ahora parecen coincidir con los párrafos 55 y 72 de la resolución A/RES/70/1 y con nuestra Constitución Política, pero que subraya el derecho interno como marco prioritario, obviando que es precisamente el derecho internacional el que obliga a nuestro país a sujetar a estándares mayores y más estrictos la protección a los derechos humanos. Parece entonces que el objetivo es relativizar los compromisos internacionales y reinterpretar antojadizamente las obligaciones políticas y jurídicas.
- La eliminación del artículo 12, que disponía la obligación de las instituciones públicas de destinar recursos propios y gestionar cooperación internacional para la implementación de los ODS. Esta derogación deja en el aire el financiamiento estatal de la Agenda 2030, debilitando su viabilidad operativa.
- La supresión del artículo 15, que otorgaba a los ODS el estatus de interés público, deja en evidencia la reducción del compromiso estatal en las garantías y derechos de todas las personas para acceder a una mejor calidad de vida a través del desarrollo del país y, en cambio, plantea restar legitimidad normativa a los objetivos de la Agenda 2030.
- La introducción de un glosario normativo (nuevo artículo 2), con términos como "dignidad", "cultura", "bienestar”, que no corresponden a los estándares del derecho internacional ni nacional a través de la jurisprudencia constitucional. Estas definiciones solo pueden resultar en interpretaciones, que son excluyentes a la hora de ejecutar políticas públicas.
- El nuevo enfoque selectivo sobre los ODS plantea que el Estado escogerá algunos “adoptados por el país” y que además subordinan a la estrategia nacional el compromiso con los principios de integralidad, progresividad y no regresión de los derechos humanos y, por lo tanto, también de los 17 objetivos y 169 metas establecidos por la comunidad internacional.
Aunque se amplían algunas funciones de gobernanza (como las del Consejo y la Secretaría Técnica), estas operarán bajo parámetros vagos como “diálogo de buena fe” y sin el respaldo estructural que otorgan los artículos derogados.
Desde el IEM, advertimos que esta reforma fragmenta la visión holística del desarrollo sostenible, debilita la responsabilidad estatal frente a los compromisos adquiridos y crea condiciones para reinterpretaciones ideológicas contrarias a la igualdad, los derechos humanos y la justicia. Esta medida se enmarca en un contexto regional e internacional de desinformación y ataques coordinados contra la Agenda 2030, lo que incrementa la urgencia de mantener una postura firme y crítica.
Costa Rica, históricamente reconocida por su liderazgo en derechos humanos, sostenibilidad e inclusión, no puede dar marcha atrás. Por ello, hacemos un llamado a las instituciones públicas, a la academia, a los movimientos sociales y a la ciudadanía a defender el enfoque integral, participativo y transformador de los ODS. Solo así podremos garantizar un desarrollo sostenible que ponga en el centro la vida digna, la igualdad sustantiva y el bienestar de absolutamente todas las personas.
